Un creciente movimiento de oposición local en todo el país está frenando la rápida expansión de la infraestructura de inteligencia artificial. Desde el estado republicano de Texas hasta la progresista California, residentes y funcionarios locales se manifiestan contra la construcción de nuevos centros de datos, alegando amenazas para la red eléctrica y el suministro de agua.
En Texas, el Partido Republicano expresó recientemente su oposición formal a la construcción de nuevos centros de datos, exigiendo mayores salvaguardas ambientales para las comunidades locales. Este cambio de postura ha logrado alinear a aliados inesperados, desde votantes alineados con el movimiento MAGA en el Medio Oeste hasta docentes progresistas en California, todos en contra de la expansión de la industria.
El costo del auge de la IA
Gigantes de la industria como Amazon y Microsoft están impulsando este año una inversión estimada en centros de datos de 710,000 millones de dólares para mantener su liderazgo en la carrera de la IA. No obstante, estas instalaciones requieren cantidades masivas de electricidad y agua, lo que se traduce en facturas de servicios públicos más elevadas para los consumidores locales.
La resistencia a estos proyectos ya ha generado un impacto financiero masivo: la oposición local a la construcción de centros de datos ha provocado el bloqueo o la suspensión de proyectos valorados en unos 156,000 millones de dólares a lo largo de 2025.
La Casa Blanca ha priorizado un despliegue rápido de infraestructura mediante su plan de acción de IA. El presidente Donald Trump autorizó previamente un enfoque de desregulación bajo el lema "construir, construir, construir" para satisfacer a los patrocinadores de Silicon Valley que financiaron su campaña.
Las autoridades federales han respondido a la resistencia local amenazando con retirar la financiación a los estados que impongan demasiados obstáculos a la construcción. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó esta táctica, calificándola como un intento de "dejar a los estados de rodillas y permitir que las grandes tecnológicas dicten las reglas".
La opinión pública sigue profundamente dividida respecto al futuro de esta tecnología. Un estudio del Pew Research Center reveló que, aunque el 56% de los expertos en IA creen que la tecnología tendrá un impacto positivo en EE. UU. durante los próximos 20 años, solo el 17% de la población estadounidense en general comparte ese optimismo.
Los líderes locales están empezando a cambiar de postura. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ahora aboga por la regulación para evitar un "descontrol sin regulaciones" en la búsqueda de inversiones tecnológicas.
