Suspensión de incentivos
El gobernador de Ohio, Mike DeWine, ha suspendido el programa de incentivos fiscales del estado para centros de datos, citando una enorme disparidad entre el coste real de la política para el erario público y las estimaciones iniciales del gobierno. La administración ha ordenado a la Autoridad de Créditos Fiscales de Ohio que deje de tramitar nuevas solicitudes de exención del impuesto sobre las ventas mientras los funcionarios estatales llevan a cabo una auditoría formal sobre el impacto económico y financiero general del sector.
Según informes de The Register, la suspensión se aplica exclusivamente a las nuevas solicitudes, lo que significa que los proyectos que ya han obtenido la aprobación seguirán recibiendo sus beneficios fiscales actuales. Este cambio de política se produce en un momento en que el escepticismo público respecto a la proliferación de enormes granjas de servidores se intensifica en todo Estados Unidos.
Un coste desorbitado
Los datos de la organización de investigación sin ánimo de lucro Good Jobs First indican que el coste de estas exenciones fiscales alcanzó los 1.500 millones de dólares en 2025. Esta cifra es aproximadamente 11 veces superior a la previsión original del estado, que era de 136 millones. Informes previos de Signal Ohio señalaban que estas pérdidas ya se habían disparado hasta los 555 millones de dólares el año anterior, una cifra que, a su vez, cuadruplicaba las proyecciones iniciales.
La exención fiscal de Ohio es notablemente amplia, ya que cubre no solo los materiales de construcción, sino también el costoso hardware necesario para equipar las salas de datos, incluidos los racks de servidores, los sistemas de refrigeración y la infraestructura especializada. Con esta última revelación, Ohio se une a un pequeño grupo de estados —entre ellos Virginia, Texas y Georgia— que pierden más de 1.000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales para apoyar complejos de alojamiento en la nube.
Críticas y resistencia ciudadana
Good Jobs First lleva tiempo argumentando que estos subsidios a menudo no logran generar el crecimiento económico prometido. En su lugar, la organización sostiene que estas políticas suelen derivar en que los contribuyentes terminen subvencionando los costes de infraestructura de algunas de las corporaciones más ricas del mundo. El grupo informó recientemente que, de los 36 estados que ofrecen tales exenciones fiscales, solo cinco revelan realmente los costes totales asociados a estas concesiones.
El rechazo público contra estas instalaciones también está ganando impulso. El grupo de defensa Ohio Residents for Responsible Development ha reunido, según se informa, 25.000 firmas en cinco semanas para apoyar una propuesta de prohibición constitucional de los centros de datos que consuman más de 25 megavatios de potencia. Movimientos similares para restringir o regular la industria están actualmente en marcha en Maryland, Nevada y California, lo que refleja una creciente tendencia nacional de resistencia a la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial y la computación en la nube.
