La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha presentado su oposición a una nueva propuesta legislativa en California que obligaría a los fabricantes de impresoras 3D a bloquear la producción de componentes para armas de fuego. Defensores de los derechos digitales sostienen que el proyecto de ley, conocido como AB 2047, obligaría a los proveedores de hardware a actuar como agentes de vigilancia mediante la inspección de archivos de diseño digital.
Bajo la ley propuesta, los fabricantes deberán utilizar un algoritmo certificado por el estado para identificar y bloquear trabajos de impresión que contengan piezas de armas prohibidas. Este proceso requeriría que las impresoras cotejen los archivos con una base de datos actualizada de modelos de armas de fuego existentes.
Obstáculos técnicos y riesgos de vigilancia
Cliff Braun, experto en políticas de la EFF, advierte que este mandato es técnicamente inviable y que probablemente frenará la innovación de software. Señala que, dado que la inteligencia de las impresoras 3D reside principalmente en el software de fabricación asistida por ordenador (CAM) o "slicer" (laminador), la ley crearía de facto una distinción entre el software legal y el ilegal.
"Bajo estas leyes propuestas, los fabricantes de impresoras 3D de consumo deben asegurarse de que sus impresoras solo funcionen con su propio software, e implementar algoritmos de detección de armas de fuego ya sea en la propia impresora o en el software de laminado", afirmó Braun en una reciente publicación en su blog.
Este cambio tendería a favorecer los ecosistemas de software propietario frente a las alternativas de código abierto. La EFF sostiene que los proveedores tendrían un incentivo masivo para implementar políticas restrictivas con el fin de evitar responsabilidades legales.
Más allá de las limitaciones de software, el grupo teme que el proyecto de ley abra la puerta a una monitorización generalizada de los usuarios. Si los fabricantes implementan procedimientos de escaneo para detectar armas de fuego, esos datos podrían ser reutilizados para otros fines comerciales.
"Esto podría derivar en una vigilancia masiva de la actividad de impresión de los usuarios, lo que, según temen, podría provocar demandas por derechos de autor si esos datos se compartieran con otras empresas que buscan protegerse contra las piezas de repuesto impresas en 3D", declaró la EFF.
Intentos legislativos similares han surgido en Nueva York y Washington, pero la propuesta de California se centra específicamente en el proceso de fabricación de hardware. Aunque sus defensores argumentan que la ley es un paso necesario para frenar la producción de las llamadas "armas fantasma" (ghost guns) imposibles de rastrear, la EFF sostiene que el precio a pagar es la erosión de la privacidad digital y la destrucción de las herramientas de código abierto.
