Refuerzo de la seguridad ante amenazas externas
El gobierno británico se dispone a fortalecer la seguridad de su infraestructura submarina tras detectar un incremento en las actividades de reconocimiento rusas cerca de las aguas del Reino Unido. En lugar de depender exclusivamente de la intervención naval, las autoridades están redactando una ley que impondría fuertes multas y posibles penas de cárcel a quienes dañen de forma imprudente los cables submarinos críticos.
La baronesa Liz Lloyd, ministra de Economía Digital, presentó estas propuestas antes de una consulta formal. El plan incluye nuevas obligaciones de seguridad para los operadores de cables y poderes de emergencia que permitirían al gobierno obligar a las empresas a reforzar la defensa de sus infraestructuras.
Estas medidas legislativas se producen tras un incidente ocurrido en abril de 2026, cuando la Marina Real y la Real Fuerza Aérea rastrearon buques rusos que realizaban labores de reconocimiento encubierto cerca de infraestructuras submarinas críticas. Según los informes, la operación rusa involucró a un submarino de ataque clase Akula actuando como señuelo, mientras dos buques especializados de la Dirección Principal de Investigación de Aguas Profundas (GUGI, por sus siglas en ruso) inspeccionaban las rutas de los cables británicos.
Del descuido al sabotaje intencionado
Aunque las averías de cables en la región se habían atribuido mayoritariamente a la actividad pesquera o al arrastre de anclas, el gobierno está centrando su atención en el sabotaje intencionado. El Comité Conjunto sobre Estrategia de Seguridad Nacional del Reino Unido había criticado anteriormente al gobierno por mostrarse "demasiado tímido" a la hora de proteger los activos submarinos.
Para contrarrestar estas amenazas, la Marina Real lanzó el año pasado el programa "Baluarte del Atlántico", cuyo objetivo es desplegar buques autónomos no tripulados para vigilar el Atlántico Norte. El gobierno ha destinado 14 millones de libras a las pruebas y el desarrollo de estos sistemas. Además, la alianza AUKUS, formada por el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, anunció recientemente una iniciativa conjunta para desarrollar sensores y armamento específico para vehículos submarinos no tripulados.
Se espera que los detalles sobre las sanciones legales propuestas se publiquen en un libro blanco del gobierno a finales de este año. El Ejecutivo sostiene que estas nuevas medidas son necesarias para proteger los 64 cables submarinos que conectan al Reino Unido con la red global, en un momento en que la línea que separa la guerra de la paz es cada vez más difusa en el ámbito marítimo.
