La profunda integración del Reino Unido en la infraestructura digital de propiedad estadounidense se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional, según un nuevo informe de la organización Open Rights Group (ORG).
En su publicación más reciente, titulada "Tech Giants and Giant Slayers" (Gigantes tecnológicos y cazadores de gigantes), el grupo de defensa sostiene que años de dependencia de las grandes tecnológicas estadounidenses han dejado la infraestructura crítica británica expuesta a la presión política extranjera.
Según informa theregister.com, el informe destaca cómo las sanciones de EE. UU. podrían utilizarse como un arma para interrumpir servicios esenciales. El grupo citó un caso en el que Microsoft supuestamente suspendió servicios de correo electrónico y de banca relacionados con personas sancionadas por EE. UU. en relación con la Corte Penal Internacional (CPI).
"Durante años, un puñado de empresas de las Big Tech han utilizado su poder para tomar el control de la infraestructura digital del Reino Unido, atrapando al gobierno en contratos ineficientes y moldeando la política tecnológica a su favor", afirmó Jim Killock, director ejecutivo de ORG.
Killock añadió que esta excesiva dependencia representa ahora tanto un "problema urgente de seguridad nacional como una amenaza económica".
Control de mercado e influencia política
El informe alega que estas corporaciones han ido más allá de la simple prestación de servicios para controlar activamente los mercados y moldear la legislación. El grupo afirma que las firmas de Big Tech han presionado para frenar la regulación de la IA, debilitar las leyes de protección de datos y atenuar las leyes de competencia para mantener su dominio.
Los costes financieros también van en aumento. La Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) informa que el Reino Unido gasta anualmente al menos 500 millones de libras solo en servicios de la nube.
Las vulnerabilidades legales persisten debido a leyes extraterritoriales. El informe señala que la Ley CLOUD de EE. UU. y la Ley de Inteligencia Nacional de China pueden obligar a las empresas a entregar datos, independientemente de las preferencias de privacidad nacionales del Reino Unido.
Políticos de diversos partidos han expresado su alarma. Sian Berry, del Partido Verde, afirmó que el Reino Unido debe desarrollar una mayor resiliencia para proteger la infraestructura de "la amenaza potencial de sanciones y el retiro de servicios".
Clive Lewis, del Partido Laborista, se hizo eco de estas preocupaciones, afirmando que las empresas de Big Tech se han infiltrado en los servicios públicos, dejando al país "peligrosamente vulnerable".
Los críticos también señalaron las recientes acciones gubernamentales como prueba de una dependencia cada vez mayor, citando específicamente la adjudicación de contratos a Palantir Technologies.
Para mitigar estos riesgos, el Open Rights Group aboga por un cambio hacia la soberanía digital mediante el uso de software de código abierto y el aumento de la capacidad nacional.
"El dinero público debería invertirse en código público que nos beneficie a todos, en lugar de llenar los bolsillos de los accionistas de las Big Tech", concluyó Killock.
