La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) publicó este martes un comunicado en el que admite abiertamente que sus acciones de cumplimiento en el sector de las criptomonedas han sido "defectuosas". La agencia reconoció que las demandas presentadas anteriormente contra siete empresas, entre ellas Binance, Coinbase y Kraken, relacionadas con el registro y la definición de "corredor", se basaron en una "interpretación errónea" de las leyes federales de valores.
Según los datos revelados por la institución, la SEC había iniciado 95 acciones legales en el último periodo, acumulando multas por un total de 2.300 millones de dólares, principalmente bajo el argumento de "incumplimiento de libros y registros". No obstante, en su reciente autocrítica, la SEC señaló que estos casos no lograron identificar daños directos a los inversores ni resultaron en una protección efectiva para el mercado. La agencia admitió que su enfoque anterior priorizó la cantidad de casos sobre una supervisión de mercado sustantiva.
Cambio de rumbo y reestructuración de recursos
Desde febrero de 2025, la SEC ha retirado siete demandas contra Coinbase, Binance, Cumberland, Consensys Software, Kraken, Dragonchain y Balina. En su declaración, la SEC subrayó que estas medidas son necesarias para corregir las desviaciones en su ejecución durante el año fiscal 2025.
Este giro significativo refleja la nueva dirección política bajo el mando del actual presidente, Paul Atkins. Desde su toma de posesión en abril de 2025, Atkins ha criticado constantemente a la administración anterior por su incapacidad para adaptarse a la innovación del mercado, calificando sus estrategias de cumplimiento como "oportunidades perdidas".
Para recuperar su credibilidad regulatoria, la SEC ha intensificado sus gestiones. En enero, en colaboración con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), lanzó el "Proyecto Cripto" (Project Crypto), destinado a modernizar el marco normativo. Además, ambas agencias publicaron el mes pasado una guía conjunta en la que aclaran que la mayoría de los activos digitales actuales no deben considerarse valores.
Esta conclusión pone fin a una década de ambigüedad regulatoria. Los expertos del sector consideran que, con la corrección de estos errores, el entorno regulatorio de las criptomonedas está experimentando una transición estructural: de la "confrontación" hacia la "normalización". Para las empresas del sector, esto supone un alivio significativo ante la presión legal que habían enfrentado hasta ahora.
