La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucionales los contratos bajo los cuales una empresa vinculada a China, Panama Ports Company (PPC), opera terminales portuarias fundamentales en el Canal de Panamá. La decisión, anunciada el jueves por la noche, afecta las concesiones de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por la filial de CK Hutchison con sede en Hong Kong.
El tribunal determinó que las leyes y actos que sustentan los contratos de concesión para el desarrollo, construcción y gestión de las dos terminales violaban la carta magna panameña. PPC ha administrado estos puertos, estratégicos para el comercio global que transita por la vía acuática, desde los años noventa, y su licencia fue renovada automáticamente en 2021 por 25 años adicionales.
Esta resolución judicial se produce en un contexto de creciente escrutinio internacional, particularmente después de que el expresidente estadounidense Donald Trump amenazara el año pasado con tomar el control del canal, alegando que la influencia china representaba una amenaza a la seguridad. El canal es responsable de mover aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial.
La demanda para anular los contratos se basó en alegaciones de que se sustentaban en legislación inconstitucional y que la empresa no estaba cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Una auditoría posterior a la extensión de la concesión reveló irregularidades contables que supuestamente costaron al Estado panameño unos 300 millones de dólares, además de 1.200 millones durante el contrato original.
El fallo podría obligar a Panamá a reformular el marco legal para la administración de contratos portuarios y potencialmente convocar nuevas licitaciones para las terminales. PPC rechazó de inmediato la decisión, afirmando en un comunicado que la sentencia carece de base legal y pone en peligro la estabilidad de miles de familias panameñas.
China también reaccionó con firmeza a la noticia. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que el lado chino tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar resueltamente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas.
El trasfondo geopolítico se intensificó el año pasado cuando CK Hutchison propuso vender sus puertos globales, incluidas las terminales panameñas, a un consorcio liderado por BlackRock, en una operación valorada en casi 23.000 millones de dólares, aunque el acuerdo se estancó debido a objeciones del gobierno chino.
Esta situación subraya la disputa por la infraestructura crítica en América Latina, un área donde la administración Trump ha manifestado explícitamente su exigencia de hegemonía regional, utilizando amenazas económicas y militares en naciones como Venezuela.
