Un informe reciente de la Oficina de la Contraloría de Texas señala que el estado perderá 3.200 millones de dólares en recaudación por impuestos sobre las ventas en los próximos dos años debido a las exenciones fiscales otorgadas al sector de los centros de datos. Impulsada por la explosión de la inteligencia artificial y la creciente demanda de capacidad de cómputo, esta cifra ha convertido a este programa en uno de los incentivos más costosos del estado.
La senadora estatal Joan Huffman, presidenta del Comité de Finanzas del Senado de Texas, calificó estas cifras de "preocupantes e insostenibles" en una entrevista con The Texas Tribune. Huffman planea presentar una propuesta en la sesión legislativa del próximo enero para considerar la eliminación o una revisión exhaustiva de esta política de exenciones.
El programa de beneficios fiscales comenzó hace más de una década. Según los registros, entre 2014 y 2022, el costo anual de la medida oscilaba apenas entre los 5 y los 30 millones de dólares. Sin embargo, con el auge de la IA, el impacto fiscal superó los 150 millones de dólares en 2023 y se estima que alcanzará los 1.300 millones este año.
La expansión del sector enciende las alarmas fiscales
Actualmente, Texas alberga más de 300 centros de datos en funcionamiento y otros 142 proyectos están en fase de construcción. Según un análisis de la firma Aterio, este volumen de obra sitúa al estado a la cabeza en EE. UU., superando a Virginia, que cuenta con 141 proyectos en desarrollo. La Contraloría prevé que, para el año fiscal 2030, el costo anual de estas exenciones se elevará a casi 1.800 millones de dólares.
Las exenciones actuales cubren los costos de servidores, sistemas de refrigeración, generadores y consumo eléctrico tanto en la construcción como en la operación de estas instalaciones. Para calificar, los centros de datos de más de 100.000 pies cuadrados deben invertir 200 millones de dólares en un plazo de cinco años y crear al menos 20 empleos con salarios que superen en un 20% la media regional.
Dan Diorio, vicepresidente de la Data Center Coalition, advirtió que recortar estos incentivos podría socavar la posición de Texas como el destino predilecto para la industria. Según Diorio, modificar estas políticas envía una señal negativa que podría disuadir a las empresas de realizar inversiones a largo plazo en el estado.
No obstante, los críticos argumentan que los impuestos no son el único factor decisivo para las empresas. Dick Lavine, exanalista fiscal, señaló que el bajo costo de la tierra y la energía en Texas son factores mucho más determinantes. Mientras tanto, en ciudades como San Marcos y Amarillo han surgido movimientos vecinales que se oponen a la construcción de estos centros, reflejando un creciente descontento social ante la proliferación de este tipo de instalaciones.