La Comisión de Comunicaciones Federales (FCC) se prepara para votar el próximo mes sobre cambios regulatorios propuestos para el programa Lifeline, con el objetivo explícito de asegurar que los subsidios federales se destinen únicamente a ciudadanos estadounidenses vivos y legales. El presidente de la FCC, Brendan Carr, impulsa estas medidas tras identificar un presunto uso indebido de fondos en estados que gestionan sus propias verificaciones de elegibilidad.
Carr señaló que un informe reciente del Inspector General reveló que los proveedores de Lifeline recibieron casi 5 millones de dólares para atender a más de 116.000 personas fallecidas en los tres estados que optan por no usar la Base de Datos Nacional de Rendición de Cuentas de Lifeline. Más del 80% de estas supuestas irregularidades ocurrieron en California, según detalló Carr en declaraciones recogidas por arstechnica.com.
La propuesta de la FCC, presentada como un Aviso de Propuesta de Reglamento (NPRM), incluye requisitos más rigurosos, como la recopilación de números completos de Seguro Social y el uso obligatorio del programa Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración para la verificación. Esto impediría que los estados utilicen procesos de verificación alternativos, como hacían California, Texas y Oregón.
Funcionarios de California han contestado las alegaciones, argumentando que las cifras reportadas reflejan simplemente un "tiempo de retraso entre el fallecimiento y el cierre de la cuenta", en lugar de un fraude generalizado en la inscripción. La FCC revocó el estatus de "estado opt-out" de California en noviembre pasado por incumplimiento de las normas del programa.
El programa Lifeline distribuye anualmente cerca de 1.000 millones de dólares, ofreciendo hasta 9,25 dólares mensuales para facturas de teléfono e internet, o hasta 34,25 dólares en zonas tribales a los hogares de bajos ingresos elegibles.
No obstante, la propuesta enfrenta resistencia interna en la FCC. La única comisionada demócrata ha criticado el plan de Carr, alegando que impone "estándares de elegibilidad crueles y punitivos" que podrían elevar los costos para los beneficiarios legítimos que aún califican para el subsidio.
Estas tensiones regulatorias subrayan el debate continuo sobre la administración de los beneficios federales de conectividad. La votación inminente determinará si se centraliza el control de elegibilidad o si se permite a los estados mantener cierta autonomía en la distribución de estos fondos esenciales.
