Una disputa legal en Texas entre el Fiscal General Ken Paxton y una enfermera practicante con sede en Delaware, Debra Lynch, amenaza con llevar el conflicto sobre el acceso al aborto ante la Corte Suprema. Paxton presentó una demanda acusando a Lynch de violar las leyes de Texas al enviar píldoras abortivas, un servicio que Lynch estimó que facilitaba hasta 162 abortos semanales en el estado en enero pasado.
Paxton calificó a Her Safe Harbor, el sitio web que Lynch opera con su esposo, como un "grupo extremista" que pone en peligro a mujeres y fetos, citando casos no relacionados de hombres que supuestamente forzaron abortos. El fiscal busca una orden judicial temporal y permanente contra el sitio, además de las máximas multas posibles, argumentando que nadie puede eludir las leyes antiaborto de Texas.
Lynch, sin embargo, indicó a The New York Times que sus asesores legales le recomendaron ignorar la carta de cese y desistimiento enviada previamente por Paxton en agosto. La base de su defensa reside en la robusta ley de escudo de Delaware, actualizada recientemente para ofrecer protección explícita contra acciones civiles y penales de otros estados basadas en servicios sanitarios legales en Delaware.
La ley de escudo de Delaware, según reportó el Times, protege específicamente los servicios de salud prestados legalmente en ese estado, incluso si las acciones se originan en jurisdicciones con prohibiciones estrictas como Texas. Lynch sostiene que sus abogados ya le habían asegurado la protección de esta legislación antes de la actualización formal.
El litigio de Paxton parece centrarse en establecer si las leyes de escudo estatales pueden anular las prohibiciones de aborto o las regulaciones que impiden a profesionales de la salud operar en Texas sin una licencia estatal.
Este enfrentamiento legal no solo define la situación de Lynch, sino que también podría forzar a los tribunales superiores a clarificar los límites jurisdiccionales entre estados que buscan restringir el acceso al aborto y aquellos que buscan proteger a sus proveedores.
La continuación de las operaciones de Her Safe Harbor, que publicita la entrega de píldoras en "cuestión de días" a pacientes texanos, subraya la tensión entre la aplicación estatal y la protección interestatal de servicios médicos.
