Se extiende por todo el mundo una oleada legislativa destinada a restringir el uso de redes sociales entre los menores. Los gobiernos buscan, mediante medidas coercitivas, reducir los riesgos a los que se exponen los jóvenes en plataformas digitales, tales como el ciberacoso, la adicción, los problemas de salud mental y la exposición a actividades delictivas.
Australia marca el camino
Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir por ley el acceso a las principales redes sociales a menores de 16 años, una medida que entró en vigor en diciembre de 2025. La restricción abarca plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch y Kick, aunque excluye servicios como WhatsApp y YouTube Kids.
Según la normativa australiana, las plataformas están obligadas a implementar mecanismos efectivos para bloquear a los usuarios menores de edad. De no cumplir con esta exigencia, las empresas se enfrentan a multas astronómicas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (aproximadamente 34,4 millones de dólares estadounidenses). El gobierno ha dejado claro que las plataformas no pueden limitarse a confiar en la edad declarada por el usuario, sino que deben emplear sistemas de verificación robustos para confirmar que el usuario ha cumplido los 16 años.
A pesar de la rapidez con la que avanzan estas políticas, los expertos en privacidad han expresado serias dudas. Los críticos sostienen que los mecanismos obligatorios de verificación de edad no solo vulneran la privacidad de los usuarios, sino que representan una intrusión excesiva en la vida personal. Amnistía Internacional (Amnesty Tech) ha calificado previamente estas prohibiciones como "un parche ineficaz" que no logra atajar de raíz los daños que sufren los menores en la red.
Independientemente de la controversia, el paso dado por Australia se ha convertido en un modelo de referencia para otros países. Ante la creciente evidencia del impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes, se espera que más naciones adopten medidas legislativas o administrativas para limitar el alcance de los menores en el entorno digital.