El senador Luis Donaldo Colosio Riojas condenó la falta de voluntad política para resolver el magnicidio de su padre ocurrido en 1994. En una entrevista reciente, exigió que se cierre el expediente o se indulte al condenado principal de los hechos. Agregó que la impunidad ha sido la norma por tres décadas en el país.
El legislador de Movimiento Ciudadano señaló que ninguna administración ha demostrado interés real en lograr justicia plena. Según reportes, acusó a los gobernantes de utilizar el caso para obtener beneficios electorales en lugar de buscar la verdad. Reiteró que ningún presidente de la República ha tenido la capacidad ni la voluntad para hacerlo.
Colosio Riojas pidió específicamente que las autoridades den un carpetazo al tema y permitan que el país sane. Reiteró que Mario Aburto lleva más de 30 años en prisión como autor material del crimen. Consideró que mantener el caso abierto no aporta justicia real a la sociedad mexicana.
La presidenta Claudia Sheinbaum había rechazado previamente la posibilidad de otorgar un indulto al sentenciado. El senador respondió a esa postura deseando que Dios la bendiga, pero insistió en la facultad ejecutiva para perdonar. Afirmó que la decisión recae en el titular del Poder Ejecutivo federal.
También criticó la detención reciente de José Antonio Sánchez Ortega, acusado de ser un segundo tirador. El legislador afirmó que esa teoría no es nueva y que la persona ya había sido identificada hace tres décadas. Señaló que no están descubriendo nada nuevo para los investigadores.
Considera que las investigaciones actuales buscan hacer ruido político y justificar tropelías del gobierno en turno. Denunció que se intenta hacer ver la cara de tontos a los mexicanos con nuevos hallazgos que no aportan claridad. Aseguró que la justicia no se logra mediante la politización de tragedias nacionales.
El senador sostuvo que el régimen actual politiza un caso que fue una tragedia nacional para México. Subrayó que no se están descubriendo elementos nuevos y que la justicia no se logrará con estas estrategias. Criticó la perversidad política de usar el dolor de una familia para fines partidistas.
Propuso buscar que hoy no suceda lo que ocurrió hace 30 años en lugar de buscar justicia tardía. Argumentó que la decisión final de cerrar el caso o indultar recae enteramente en las facultades del Ejecutivo federal. Insistió en que el país debe avanzar hacia el futuro sin revanchas políticas.
Este pedido resalta la tensión entre el clamor por justicia histórica y la estabilidad política actual. El caso sigue siendo un tema sensible en la agenda pública nacional tras casi tres décadas de impunidad. La discusión reabre debates sobre el papel de la justicia transicional en México.
Lo que sigue dependerá de la voluntad de la administración para gestionar este legado doloroso del pasado. La sociedad espera una resolución que permita avanzar hacia el futuro sin revanchas políticas. El gobierno deberá decidir si cierra el caso o continúa con investigaciones sin garantías de justicia.
