Una residente de Minnesota, Nicole Cleland, experimentó la revocación de sus privilegios de Global Entry y TSA PreCheck apenas tres días después de un encuentro con agentes de inmigración, según consta en una declaración judicial presentada ante el Tribunal de Distrito de Minnesota. Cleland, quien es directora en Target Corporation, documentó que un agente le informó explícitamente haber utilizado tecnología de reconocimiento facial para verificar su identidad durante la confrontación.
El incidente se remonta al 10 de enero, cuando Cleland, quien participa en un grupo de vigilancia de vehículos de ICE y CBP, observó una camioneta Dodge Ram que creyó conducida por agentes federales. Ella siguió el vehículo a distancia, motivada por la preocupación sobre una posible redada en un edificio de apartamentos local, de acuerdo con su declaración jurada.
La situación escaló cuando el vehículo federal se detuvo y otros dos vehículos, presuntamente también de agentes federales, bloquearon su avance. Un agente se acercó a su automóvil, se identificó y le advirtió que estaba obstaculizando su trabajo, mencionando específicamente el uso de "reconocimiento facial" y la grabación de su cámara corporal.
El agente le comunicó a Cleland que recibiría una advertencia verbal y que cualquier reincidencia en obstrucción resultaría en su arresto. Tras el intercambio, los vehículos federales se retiraron en direcciones opuestas. Cleland presentó su declaración el 21 de enero como parte de una demanda más amplia de residentes de Minnesota contra funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) e ICE.
Este caso ha ganado notoriedad, siendo mencionado recientemente en una columna del Boston Globe que analiza las tácticas empleadas por agentes de ICE para intimidar a ciudadanos y manifestantes. La acción subraya las preocupaciones sobre la aplicación de tecnologías de vigilancia biométrica en contextos no fronterizos.
La revocación de beneficios de viaje expedito como Global Entry, que requieren una verificación de seguridad rigurosa, sugiere una posible represalia administrativa basada en la interacción documentada. El uso del reconocimiento facial en una situación de vigilancia civil plantea interrogantes sobre los protocolos operativos y la justificación para la identificación biométrica fuera de los puntos de control oficiales.
Este suceso pone el foco en la intersección entre la vigilancia gubernamental, los derechos civiles y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas por parte de agencias federales. El desarrollo legal futuro de la demanda podría clarificar los límites del escrutinio que los ciudadanos pueden enfrentar por monitorear actividades gubernamentales.
