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9 abr 2026 · Actualizado 10:05 UTC
Internacional

La Cámara de Representantes de Massachusetts propone prohibir el uso de móviles en las escuelas y restringir el acceso de menores a redes sociales

La Cámara de Representantes de Massachusetts someterá a votación este miércoles un proyecto de ley que busca prohibir el uso de teléfonos móviles en las aulas e imponer restricciones estrictas al acceso de menores de 14 años a las redes sociales.

Lena Kim

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La Cámara de Representantes de Massachusetts propone prohibir el uso de móviles en las escuelas y restringir el acceso de menores a redes sociales
Students using smartphones in a classroom setting.

La Cámara de Representantes de Massachusetts tiene previsto votar este miércoles una nueva legislación orientada a endurecer el control sobre el uso de internet por parte de menores y la gestión de dispositivos en los centros educativos. La propuesta no solo contempla la prohibición total de teléfonos móviles durante la jornada escolar, sino que también establece límites de edad rigurosos para el uso de plataformas sociales.

Según el texto del proyecto, los menores de 14 años tendrán prohibido el uso de redes sociales, mientras que los adolescentes de entre 14 y 15 años deberán contar con el consentimiento explícito de sus padres para acceder a ellas. Solo aquellos que hayan cumplido los 16 años podrán utilizar estas plataformas sin necesidad de autorización parental.

Enfrentando los riesgos de los algoritmos y la salud mental

El presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, Aaron Michlewitz, y el presidente de la Cámara, Ron Mariano, afirmaron en un comunicado conjunto este lunes que esta prohibición se perfila como una de las más estrictas de todo el país. Según los legisladores, la medida busca proteger a los jóvenes de contenidos nocivos y de los llamados "algoritmos adictivos", tecnologías que, según han demostrado diversos estudios, afectan negativamente la salud mental de los adolescentes.

La ley exige explícitamente que las empresas de redes sociales implementen sistemas de verificación de edad para garantizar el cumplimiento de estas normas. Asimismo, otorga a los padres el derecho a acceder a los datos que sus hijos menores hayan compartido en dichas plataformas. El proyecto estipula que la Fiscalía General del estado deberá establecer los reglamentos de implementación antes del 1 de septiembre de 2026, para que la ley entre en vigor el 1 de octubre de ese mismo año.

En cuanto a la gestión de dispositivos en los centros escolares, la normativa obliga a los distritos a crear políticas que prohíban el uso de dispositivos electrónicos personales durante el horario lectivo y las actividades escolares. El Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) será el encargado de proporcionar directrices y modelos de actuación a los distritos. Además, se contempla la creación de un programa piloto en diez distritos para probar tecnologías que bloqueen la señal de dispositivos electrónicos dentro de los recintos escolares.

Cabe recordar que el Senado de Massachusetts ya aprobó el pasado mes de julio, con 38 votos a favor y 2 en contra, un proyecto de ley (S 2581) que prohíbe el uso de teléfonos móviles durante toda la jornada escolar, aunque dicho texto no incluía restricciones sobre redes sociales. Las cláusulas de regulación de redes sociales introducidas ahora por la Cámara de Representantes no figuraban en la versión previa del Senado.

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, ya había adelantado intenciones legislativas similares en su discurso sobre el estado del estado el pasado mes de enero, haciendo especial hincapié en los riesgos que suponen los algoritmos dirigidos a los jóvenes. La presidenta del Senado, Karen Spilka, señaló en su momento que la propuesta de Healey estaba en total sintonía con las iniciativas de prohibición de móviles y protección de datos que ya se estaban debatiendo en la cámara alta.

Si el proyecto es aprobado este miércoles en la Cámara de Representantes, se espera que ambas cámaras formen un comité conjunto de seis miembros para armonizar y redactar un texto final de consenso, que posteriormente será sometido a una votación definitiva en ambas sedes legislativas.

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