La administración Trump presentó a finales de la semana pasada su propuesta presupuestaria integral para el año fiscal 2027, en la cual plantea explícitamente recortar al menos 707 millones de dólares del presupuesto anual de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA).
Este plan presupuestario no solo abarca el ámbito de la ciberseguridad, sino que también incluye ajustes significativos, como la privatización de la seguridad en los aeropuertos. Según los documentos publicados por la Casa Blanca, el objetivo del gobierno es que la CISA reoriente sus esfuerzos hacia lo que denominan su "misión principal": proteger las redes civiles federales y la infraestructura crítica frente a ciberataques.
En su propuesta, el gobierno de Trump acusa abiertamente a la CISA de "uso indebido de recursos" y "despilfarro". La administración sostiene que la agencia se centró excesivamente en tareas de "censura", insinuando que los programas contra la desinformación implementados durante las elecciones presidenciales de 2020 fueron utilizados para "atacar al presidente".
Además del recorte financiero, la propuesta contempla la eliminación de programas públicos considerados redundantes, entre ellos, iniciativas de seguridad escolar que ya existen tanto a nivel federal como estatal.
Presión constante sobre la CISA
Desde el inicio de su segundo mandato en 2025, Trump y su equipo han criticado públicamente a la CISA en repetidas ocasiones. El gobierno ha insistido en alegaciones no verificadas sobre la supuesta participación de la agencia en actos de censura y ha arremetido duramente contra figuras críticas, incluido Chris Krebs, el primer director de la CISA, quien curiosamente fue nombrado por el propio Trump durante su primer mandato.
Esta no es la primera vez que la administración Trump intenta reducir drásticamente los fondos operativos de la CISA. El año pasado, la Casa Blanca propuso un recorte de aproximadamente 500 millones de dólares, lo que representaba cerca del 17% de su presupuesto federal. Tras una intensa disputa en el Congreso, los legisladores se opusieron firmemente a la medida, logrando negociar y limitar la reducción a unos 135 millones de dólares.
Actualmente, la propuesta presupuestaria se encuentra en fase de revisión. A medida que avance el proceso de asignación de fondos, se espera que el enfrentamiento entre ambos partidos en el Congreso sobre este recorte masivo al gasto en ciberseguridad se intensifique nuevamente.