El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunció este martes un plan de reestructuración radical para el Servicio Forestal (U.S. Forest Service). Según el comunicado oficial, la sede central del organismo se trasladará de Washington D. C. a Salt Lake City, Utah, eliminando al mismo tiempo las diez oficinas regionales que han operado durante más de un siglo, desde la era de Gifford Pinchot.
Esta reestructuración no solo implica cambios administrativos, sino también el cierre de más de cincuenta instalaciones de investigación repartidas en treinta y un estados. Estos laboratorios han sido fundamentales para la ciencia forestal, acumulando décadas de datos irreemplazables. En su lugar, el gobierno nombrará a quince "directores estatales" que asumirán estas funciones y se instalarán directamente en las capitales de cada estado, donde trabajarán en estrecha colaboración con los gobiernos locales y grupos de presión de la industria.
El trasfondo político de la reestructuración
Los críticos señalan que esta medida es, en esencia, una purga encubierta de los organismos de gestión de tierras federales. Tal como informó Hatch Magazine, obligar a los empleados a trasladarse de estado es una táctica administrativa diseñada para forzar la salida de profesionales veteranos mediante la renuncia voluntaria. Como precedente, durante el primer mandato de Trump, cuando se trasladó la sede de la Oficina de Gestión de Tierras (BLM) a Colorado, solo 41 de los 328 empleados aceptaron el traslado, lo que resultó en la renuncia del 87% del personal en Washington.
Históricamente, el Servicio Forestal ha dependido de su estructura regional para mantener una independencia técnica que le permitía resistir presiones políticas y comerciales externas. La nueva sede elegida, Salt Lake City, se encuentra en el epicentro del movimiento contra las tierras públicas en Estados Unidos, donde el gobierno de Utah busca activamente, por la vía legal, tomar el control de vastas extensiones de terrenos federales.
Con la salida de los "veteranos" que poseen una profunda experiencia técnica, conocimientos legales y rigor científico, se espera que las vacantes sean ocupadas por personas con vínculos más estrechos con la industria. Este cambio alterará fundamentalmente la lógica detrás de las políticas de cuotas de tala y conservación de tierras. Actualmente, el Servicio Forestal gestiona 193 millones de acres de tierras públicas, una superficie mayor que todo el estado de Texas. Los observadores del sector advierten que esta reconfiguración debilitará drásticamente la capacidad del organismo para proteger el interés público, dejando los recursos forestales nacionales mucho más expuestos a las presiones de la explotación comercial.