El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) está utilizando una aplicación móvil denominada “Mobile Fortify” que captura datos biométricos de manifestantes y observadores, lo que, según documentos judiciales, está provocando la revocación inmediata del estatus de viajeros confiables como Global Entry y TSA PreCheck.
Esta práctica convierte la documentación o protesta de actividades gubernamentales en un riesgo para los privilegios de viaje, ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa tanto la vigilancia como los programas de viajero, puede revocar el estatus si un individuo está bajo investigación, incluso si la protesta en sí no es una causa legal de descalificación.
Según se informa, los agentes utilizan “Mobile Fortify” para escanear rostros y capturar huellas dactilares sin contacto, cotejándolas instantáneamente con bases de datos biométricas, incluyendo el uso de tecnología de BI2 Technologies para el escaneo de iris contra bases de datos policiales. Se reporta que ICE ha utilizado esta herramienta más de 100.000 veces en sus operaciones.
Un caso citado en los documentos involucra a Nicole Cleland, quien fue abordada por un agente mientras observaba actividades de ICE, advertida sobre el uso de reconocimiento facial y acusada de "impedir", recibiendo la revocación de su estatus tres días después.
Aunque la protesta no es una razón explícita para la revocación de Global Entry, ser investigado por el DHS o ser arrestado por interferir con las operaciones de la agencia puede desencadenar la pérdida del estatus, ya que el DHS realiza verificaciones continuas de los miembros del programa.
Esta expansión en la identificación y seguimiento de ciudadanos estadounidenses que documentan operaciones federales, utilizando herramientas que incluyen lectores de matrículas y datos de localización telefónica comercial, genera preocupación sobre el efecto inhibidor en la disidencia pública.
La revocación del estatus de viajero confiable por participar en actividades protegidas constitucionalmente plantea serias preguntas sobre la aplicación de las normas de los programas de seguridad fronteriza, según lo detallado en la fuente View from the Wing.
El DHS defiende el uso de estas herramientas como legal, pero la capacidad de perder privilegios de viaje por ser investigado por ejercer el derecho a la protesta podría fomentar la preferencia falsificada en la expresión pública, un fenómeno común en regímenes autoritarios.
