El pasado lunes, el gobernador de Virginia firmó una ley que prohíbe la venta de datos de geolocalización precisa, con el fin de proteger a los ciudadanos frente al rastreo invasivo.
La legislación prohíbe la venta de información de ubicación dentro de un radio de 1,750 pies (unos 533 metros). Este margen de seguridad tiene como objetivo evitar que los intermediarios de datos puedan localizar con exactitud residencias, lugares de trabajo o centros de culto.
El poder legislativo de Virginia aprobó el proyecto como una enmienda a la ley de privacidad de datos ya vigente en el estado. La medida contó con un apoyo bipartidista unánime y entrará en vigor el 1 de julio.
Creciente impulso a nivel estatal
Con esta medida, Virginia se suma a Maryland y Oregón como el tercer estado en implementar restricciones similares. Legisladores de California, Connecticut, Massachusetts y Vermont debaten actualmente prohibiciones de este tipo.
"El apoyo unánime y bipartidista de Virginia a [este proyecto] es solo otro indicador del creciente impulso hacia normas más estrictas sobre los datos de ubicación a nivel estatal", afirmó Matt Schwartz, analista de políticas de Consumer Reports.
Schwartz señaló que estas protecciones son fundamentales debido al aumento de los riesgos de acecho, estafas personalizadas y segmentación no deseada.
Los intermediarios de datos han sido objeto de escrutinio tras revelarse informes sobre el uso de datos de ubicación para rastrear a funcionarios de seguridad nacional y a personas que acudían a clínicas de aborto. En febrero de 2024, el senador Ron Wyden (demócrata por Oregón) presentó pruebas de que una organización antiaborto utilizó datos de ubicación de teléfonos móviles para identificar a ciudadanos que visitaban 600 clínicas de salud reproductiva en 48 estados.
Si bien la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) emprendió acciones legales contra los intermediarios de datos de ubicación durante la administración Biden, la actual FTC de la era Trump no ha iniciado nuevos casos. No obstante, la agencia mostró recientemente su apoyo a una propuesta de acuerdo con el intermediario Kochava, un caso iniciado originalmente por la administración anterior.
Documentos judiciales de noviembre de 2023 revelaron que Kochava vendía datos de geolocalización casi en tiempo real con un margen de 10 metros respecto a los consumidores, junto con detalles como ingresos anuales y uso de aplicaciones. La FTC sostuvo anteriormente que estas prácticas violaban la Sección 5 de la Ley de la FTC, la cual prohíbe las prácticas comerciales desleales y engañosas.
