El senador por Vermont, Bernie Sanders, anunció hoy sus planes de presentar la Ley del Fondo Soberano de IA de Estados Unidos, un proyecto de ley que obligaría a las empresas de inteligencia artificial más grandes del país a transferir el 50 por ciento de su capital al gobierno federal. Según Mashable, la propuesta busca compensar al público por el uso del conocimiento humano colectivo —incluyendo el arte, el periodismo y el código de programación— que ha sido utilizado para entrenar modelos de IA sin consentimiento ni remuneración alguna.
Bajo esta legislación, el gobierno no impondría un impuesto tradicional. En su lugar, obtendría una participación directa en la propiedad de firmas como OpenAI, Anthropic y xAI. El Estado poseería acciones con derecho a voto y obtendría representación en las juntas directivas, lo que le otorgaría el poder de intervenir en decisiones corporativas que se consideren perjudiciales para el interés público.
Un modelo para dividendos públicos
Sanders sostiene que la riqueza generada por la IA debe compartirse con los ciudadanos cuyo trabajo construyó los cimientos de esta tecnología. El senador señala al Fondo Permanente de Alaska y al fondo soberano de Noruega como modelos funcionales para esta iniciativa. Los ingresos generados por el fondo se distribuirían entre los estadounidenses mediante pagos en efectivo, destinando las ganancias futuras a educación, vivienda y atención médica.
Aunque el sector ya ha mostrado interés anteriormente en la distribución de la riqueza, la magnitud de la propuesta de Sanders sigue siendo controvertida. El CEO de OpenAI, Sam Altman, así como Anthropic y Elon Musk, han discutido públicamente conceptos como fondos de riqueza pública, impuestos a los robots o rentas básicas universales para compensar el desplazamiento laboral provocado por la IA. Sin embargo, Mashable señala que respaldar estos conceptos de forma abstracta es muy distinto a ceder la mitad del capital de una empresa.
La legislación enfrenta obstáculos inmediatos, particularmente en lo que respecta a la viabilidad financiera de las empresas objetivo. OpenAI, por ejemplo, ha operado con pérdidas durante la mayor parte de su existencia. Si el fondo depende del capital de entidades que carecen de una rentabilidad constante, podría no generar dividendos para el público.
Además, el alcance del proyecto de ley sigue sin definirse. Sanders ha reconocido que aplicar este mandato a conglomerados diversificados como Microsoft, Google y Amazon —donde la IA es solo un componente de un negocio mucho más amplio— presenta un desafío regulatorio complejo. A medida que empresas como Anthropic y SpaceX se acercan a sus ofertas públicas iniciales, se espera que el debate sobre quién es el dueño de los productos derivados del esfuerzo humano colectivo se intensifique.
