NZXT ha llegado a un acuerdo de 3,45 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que alega que la empresa utilizó un esquema de alquiler abusivo en su servicio Flex PC. El acuerdo contempla una compensación económica para los clientes afectados por deudas y otorga la propiedad del hardware a los arrendatarios que cumplan con los requisitos.
La demanda, interpuesta bajo la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas y Afectadas por el Crimen Organizado), acusaba a NZXT de emplear prácticas engañosas dentro de su programa Flex PC. Los demandantes alegaban que el modelo de alquiler de la empresa atrapaba a los usuarios en ciclos de deuda mediante términos contractuales engañosos.
Compensación para los afectados
El acuerdo detalla una compensación específica para dos grupos distintos de clientes afectados. Aquellas personas que acumularon deudas a través del programa Flex PC podrán recibir una compensación económica de hasta 5.000 dólares. Este pago tiene como objetivo mitigar el impacto de las presuntas prácticas abusivas en los usuarios endeudados.
Además, el acuerdo aborda la situación del hardware alquilado. Los arrendatarios que cumplan con los requisitos obtendrán la propiedad total de sus unidades Flex PC, finalizando así sus obligaciones de alquiler. Esta disposición permite a los participantes pasar de un modelo de suscripción a la propiedad permanente del equipo.
El acuerdo distingue entre quienes buscan la reducción de su deuda y quienes buscan la titularidad de su hardware. El primer grupo se enfrenta a posibles pérdidas financieras derivadas de los términos del programa de alquiler, mientras que el segundo busca formalizar su propiedad sobre los activos físicos.
El litigio se centró en la demanda de que las prácticas comerciales de NZXT constituían crimen organizado. Al recurrir a la Ley RICO, los demandantes intentaron demostrar un patrón de actividad relacionado con las operaciones del programa de alquiler. La estrategia legal apuntaba a la naturaleza estructural de la gestión del programa Flex PC.
El fondo de 3,45 millones de dólares cubrirá los montos del acuerdo, los honorarios legales y los costos administrativos. El acuerdo resuelve la disputa legal sobre la estructura de alquiler de Flex PC sin que NZXT admita haber cometido ninguna irregularidad.
