IBM ha aceptado pagar 17 millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos para resolver las acusaciones de haber incumplido los requisitos de no discriminación en sus contratos federales. Este acuerdo representa el primer gran triunfo de la Iniciativa contra el Fraude de Derechos Civiles de la administración Trump.
El Departamento de Justicia anunció el acuerdo el pasado viernes, señalando que el pago resuelve las reclamaciones de que el gigante tecnológico infringió la Ley de Falsas Reclamaciones (False Claims Act). El gobierno sostiene que IBM no cumplió con los mandatos de no discriminación en su calidad de contratista federal.
Los investigadores federales sostienen que IBM implementó prácticas ilegales de diversidad, equidad e inclusión (DEI) mediante tres métodos específicos. Entre ellos, la creación de "listas de candidatos diversos" para entrevistas y el uso de datos demográficos de raza y sexo para establecer objetivos en sus unidades de negocio.
Asimismo, el gobierno alega que IBM restringió el acceso a ciertos programas de capacitación, mentoría y liderazgo basándose en la raza o el sexo. El acuerdo se produce en el marco de la Orden Ejecutiva 14173, la cual prohíbe que los contratistas federales utilicen preferencias de raza o sexo en sus programas.
El DOJ pone la mira en el cumplimiento de los contratistas federales
Aunque IBM no admitió responsabilidad en el acuerdo, cooperó con los investigadores federales. Según los documentos del acuerdo, la compañía colaboró con las indagaciones y ayudó a calcular los posibles daños.
"Cuando una empresa acepta fondos federales mientras lleva a cabo prácticas que clasifican, prefieren o desfavorecen a los empleados por motivos de raza o sexo, la empresa está incumpliendo las condiciones bajo las cuales el gobierno aceptó contratarla", afirmó la subdirectora adjunta del Departamento de Justicia, Brenna E. Jenny.
El bufete de abogados Latham & Watkins LLP señaló que la disputa probablemente involucra contratos que IBM firmó antes de la orden ejecutiva de 2025. La firma indicó que se reconoció a IBM por haber modificado voluntariamente los programas y las prácticas que estaban bajo investigación.
Expertos legales sugieren que este caso sienta un precedente sobre cómo el Departamento de Justicia evalúa la responsabilidad bajo la Ley de Falsas Reclamaciones. Por su parte, la firma Epstein Becker Green aconsejó a las empresas mantenerse informadas sobre los cambios legislativos para evitar acciones de ejecución federal similares.
