El panorama de la adopción de la inteligencia artificial en el sector público británico ha quedado ensombrecido por la revelación del coste y la calidad de su nuevo 'AI Skills Hub'. Este portal, diseñado supuestamente para dotar de habilidades de IA a 10 millones de trabajadores para 2030, fue desarrollado por PwC a un coste que roza los 4,1 millones de libras esterlinas (aproximadamente 5,6 millones de dólares estadounidenses).
La indignación inicial se centra en la ejecución técnica del proyecto. Las críticas señalan una interfaz de usuario (UI) extremadamente deficiente y una funcionalidad mínima, limitándose en gran medida a redirigir a plataformas de aprendizaje externas como Trailhead de Salesforce, cuyo contenido, según las observaciones, ya existía antes de la adjudicación del contrato.
Más allá de la estética, persisten problemas estructurales graves. El sitio no cumple con los estándares de accesibilidad, lo que dificulta su uso generalizado. Además, se han detectado errores conceptuales significativos; por ejemplo, la mención del 'uso legítimo' (fair use), un concepto legal estadounidense, en lugar del más restrictivo 'trato justo' (fair dealing) aplicable en el Reino Unido, revela una falta de rigor en el contenido especializado.
El diseño de la experiencia del usuario (UX) también ha sido objeto de escrutinio. El proceso de inscripción es confuso, con botones diminutos y una navegación poco intuitiva que frustra al usuario. La indignación se agrava al constatar que herramientas clave, como el 'Skills & Training Gap Analysis', aparecen inaccesibles para el público.
Este dispendio de recursos públicos ha provocado una fuerte reacción. En un contexto donde los servicios esenciales enfrentan presión presupuestaria —desde el NHS hasta la infraestructura escolar—, el gasto de millones en un portal que parece infrautilizado se percibe como un acto de notorio despilfarro gubernamental.
Analistas señalan que la adjudicación a grandes consultoras multinacionales, en lugar de a pequeñas y medianas empresas locales de desarrollo web, representa una oportunidad perdida para impulsar la economía digital interna y obtener soluciones más adaptadas y eficientes por una fracción del coste.
El incidente subraya una tensión recurrente en la contratación pública tecnológica: la balanza entre la confianza depositada en grandes actores y la necesidad de rigor, transparencia y orgullo profesional en la entrega de servicios digitales financiados por el contribuyente. La fuente original de este análisis es mahadk.com.