El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó este miércoles un borrador de nuevas regulaciones que detalla los planes de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) y sanciones que los emisores de stablecoins deben implementar bajo el marco de la Ley GENIUS. Esta medida busca poner en marcha el marco regulatorio federal aprobado el año pasado, incorporando oficialmente a los emisores de stablecoins al sistema de supervisión de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Según la propuesta, los emisores de stablecoins serán clasificados como "instituciones financieras" bajo la Ley de Secreto Bancario. Esto implica que dichas empresas deberán cumplir con la obligación de asistir al gobierno en la identificación y prevención de delitos financieros. Los requisitos específicos incluyen la creación de programas contra el lavado de dinero, la notificación de transacciones sospechosas y la implementación de procedimientos eficaces para el cumplimiento de sanciones.
Además, el borrador exige explícitamente que los emisores garanticen que sus tokens cuenten con las capacidades técnicas necesarias para ejecutar bloqueos, rechazos o interrupciones de transacciones en caso de incumplimiento normativo. Asimismo, los emisores deberán acatar cualquier orden legal emitida por las autoridades gubernamentales.
Equilibrio entre cumplimiento e innovación
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, señaló en un comunicado que la propuesta busca equilibrar la protección de los ciudadanos estadounidenses con el fomento de la innovación financiera. "El presidente Trump está fortaleciendo el liderazgo de Estados Unidos en el ámbito de las tecnologías financieras digitales. Esta propuesta protegerá al sistema financiero estadounidense de amenazas a la seguridad nacional, sin obstaculizar el desarrollo de las empresas estadounidenses en el ecosistema de las stablecoins de pago", afirmó.
En cuanto a la estructura organizativa, la nueva normativa exige que los emisores designen a un responsable encargado de establecer los sistemas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El borrador especifica que dicho responsable debe residir dentro de los Estados Unidos y no tener antecedentes penales por uso de información privilegiada, ciberdelincuencia o fraude financiero.
Aunque las exigencias regulatorias se endurecen, el borrador también ofrece cierta flexibilidad. La FinCEN indicó que, si un emisor ya ha establecido y ejecuta procedimientos de cumplimiento adecuados, las autoridades "generalmente no tomarán medidas coercitivas". Actualmente, el borrador ha entrado en un periodo de consulta pública de 60 días.
Esta propuesta representa el avance más reciente en la implementación de la Ley GENIUS. Previamente, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) ya habían publicado sus propias recomendaciones regulatorias. Warren Kornfeld, vicepresidente senior de la división de instituciones financieras de Moody's Ratings, analizó que el alcance de la propuesta de la FDIC no se limita solo a las stablecoins, sino que también abarca los depósitos tokenizados en el sector bancario. Según su análisis, si estas políticas terminan por implementarse, podrían dar lugar a un ecosistema de efectivo digital basado en perfiles de riesgo y supervisión.
