El parlamento de Camboya aprobó recientemente la primera ley del país dedicada específicamente a combatir los delitos cibernéticos: la Ley contra el Fraude Tecnológico. Durante la votación celebrada el 30 de marzo, los 112 legisladores presentes votaron a favor, lo que refleja la firme determinación del gobierno para erradicar las actividades de fraude en línea, que han proliferado de manera alarmante.
La normativa define claramente cinco tipos de nuevos delitos, entre ellos la ciberdelincuencia, la planificación de estafas, el reclutamiento o entrenamiento de personal para el fraude, la recopilación maliciosa de datos personales y actividades específicas de lavado de dinero. Según reportes de Associated Press, estas disposiciones tienen como objetivo principal desmantelar las estafas modernas que operan bajo la fachada de fraudes sentimentales (conocidos como 'pig butchering') y falsas inversiones en criptomonedas.
Durante mucho tiempo, el sudeste asiático ha sido considerado un epicentro para las bandas de ciberestafadores. Diversas investigaciones periodísticas han revelado la existencia de grandes complejos en territorio camboyano que operan bajo una gestión paramilitar. Estos grupos suelen atraer a sus víctimas mediante ofertas de empleo falsas para luego retenerlas contra su voluntad y obligarlas a realizar actividades ilícitas, como estafas románticas y fraudes con criptoactivos.
Castigos severos para cabecillas y colaboradores
Bajo la nueva legislación, los individuos que participen en estafas en línea se enfrentarán a penas de entre 2 y 5 años de prisión, con multas que pueden alcanzar los 125.000 dólares. Para los organizadores y líderes de estas bandas, las penas son mucho más rigurosas: hasta 10 años de cárcel y multas de hasta 250.000 dólares. En casos que involucren trata de personas, detención ilegal o violencia, los responsables podrían enfrentar condenas de hasta 20 años.
Anteriormente, el gobierno camboyano había minimizado la existencia de estos centros de estafa. Sin embargo, Reuters señala que esta medida legislativa marca un cambio significativo en la política nacional. Pocos días antes de la aprobación de la ley, el gobierno británico impuso sanciones a un centro de estafas a gran escala en Camboya y a una plataforma de criptomonedas utilizada para el comercio de datos robados.
Un informe de la firma de análisis de blockchain Chainalysis indica que las estafas de tipo 'pig butchering' que dependen de pagos en criptomonedas han experimentado un aumento significativo. La Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE. UU. estima que solo las estafas sentimentales podrían causar pérdidas superiores a los 1.000 millones de dólares anuales, mientras que el FBI ha clasificado el fraude en inversiones de criptomonedas como una de las categorías delictivas más costosas de los últimos años.
Actualmente, la ley está a la espera de la firma del rey Norodom Sihamoni para entrar en vigor. Los analistas consideran que, con el fortalecimiento del marco legal, la colaboración entre la industria de las criptomonedas y las fuerzas del orden se intensificará, enfocándose en el rastreo de fondos robados y el congelamiento de cuentas ilícitas para frenar la propagación de la ciberdelincuencia transfronteriza.
