El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó una ley que permite a las autoridades confiscar criptoactivos para combatir el crimen organizado en Brasil. Esta normativa habilita la venta de activos digitales capturados y destinar los ingresos al financiamiento de la seguridad pública. La aprobación ocurre tras un periodo de intensa actividad legislativa contra economías ilícitas recientes.
Los jueces pueden autorizar medidas cautelares que incluyen la incautación de propiedades físicas o digitales bajo evidencia suficiente. En casos específicos, los tribunales pueden ordenar la venta anticipada de estos bienes para asegurar el flujo inmediato de fondos estatales. Esto representa un cambio significativo en cómo se manejan las pruebas financieras complejas dentro del sistema judicial local.
La iniciativa fue enviada al congreso en noviembre junto con propuestas para endurecer el control sobre criptomonedas ilegales. El gobierno y el banco central introdujeron estas medidas después de claudicar una operación ilegal de minería de Bitcoin en septiembre. Se busca asegurar que los fondos confiscados no queden estancados en cuentas bancarias sin supervisión adecuada. Esto garantiza un uso eficiente de los recursos capturados para fines gubernamentales esenciales.
"La ley representa progreso en combatir el crimen organizado, incorporando mecanismos de estrangulamiento financiero," dijo Wellington Lima.
Otros países han enfrentado desafíos operativos similares cuando intentan custodiar criptoactivos incautados durante investigaciones. Por ejemplo, la policía surcoreana perdió acceso a fondos significativos debido a fallas en el seguimiento de las claves privadas. Estas situaciones rescataron los activos solo después de intensas negociaciones con hackers y grupos criminales.
La custodia recae principalmente en autoridades públicas, salvo demostraciones de imposibilidad técnica por parte de los jueces. Esto centraliza la responsabilidad y reduce el riesgo de pérdida de activos durante procesos legales largos. Las instituciones estatales ahora tienen protocolos claros para mantener la integridad de las claves privadas involucradas.
Se espera que esto mejore la capacidad de respuesta ante amenazas estructuradas rápidamente por redes delictivas. La implementación permitirá a los fiscales acceder a recursos necesarios para financiar operaciones policiales más efectivas en todo el territorio nacional.
