La reciente incursión federal en el hogar de la reportera del Washington Post, Hannah Natanson, sirve como una advertencia significativa sobre la seguridad de los dispositivos móviles, más allá de las implicaciones para la prensa libre. Dentro de la orden de registro y decomiso se especificaba una sección titulada “Desbloqueo biométrico”, que autorizaba al personal de las fuerzas del orden a sostener el dispositivo frente a su rostro o usar sus dedos para acceder a él.
En esencia, un juez otorgó permiso al FBI para intentar anular los atajos de conveniencia que permiten el acceso mediante escaneo de huella dactilar o reconocimiento facial. No se ha confirmado si Natanson utilizaba autenticación biométrica ni si las autoridades intentaron forzar el acceso de esta manera; ni el FBI ni Natanson emitieron comentarios al respecto.
La investigación se relaciona con supuestas comunicaciones entre Natanson y el contratista gubernamental Aurelio Luis Perez-Lugones, acusado de retener información de defensa nacional. Aunque la orden limitaba a los investigadores, prohibiéndoles preguntar a Natanson detalles específicos sobre su configuración biométrica, permitía la información si ella la proporcionaba voluntariamente.
Andrew Crocker, director de litigios de vigilancia en la Electronic Frontier Foundation (EFF), señaló que esta cláusula restrictiva probablemente refleja jurisprudencia reciente. Crocker indicó a The Intercept que un tribunal de apelaciones del D.C. dictaminó que el desbloqueo biométrico forzado puede constituir una forma de “testimonio” protegido por la Quinta Enmienda.
Expertos en seguridad digital han aconsejado históricamente a periodistas y activistas desactivar las funciones biométricas en situaciones de alto riesgo, como cruces fronterizos o protestas. Martin Shelton, de la Freedom of the Press Foundation, recomendó explícitamente deshabilitar la biometría si se anticipa un posible registro del dispositivo.
La alternativa más segura, según los expertos, es emplear una frase de paso alfanumérica compleja, ya que los códigos numéricos simples son más fáciles de eludir. Apagar el teléfono también es una medida de seguridad, ya que pone el dispositivo en un estado cifrado hasta el siguiente desbloqueo manual.
Este incidente pone de relieve la tensión continua entre la conveniencia tecnológica y las protecciones constitucionales contra la autoincriminación. La discusión legal se centra en si los métodos biométricos deben recibir la misma protección constitucional que las contraseñas tradicionales.
