La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) comenzó a cobrar una tarifa de 45 dólares a los viajeros domésticos que no presenten una identificación REAL ID, una medida implementada el 1 de febrero, según reportes de Frommers. Un experto en la industria de viajes, Edward Hasbrouck, sostiene que la ley, tal como está redactada, permite a los ciudadanos volar sin identificación y sin incurrir en el nuevo cargo.
Esta exigencia de identificación a bordo de vuelos comerciales no proviene de una ley del Congreso, sino de una orden ejecutiva del presidente Clinton de 1996, concebida como una respuesta visible a un accidente aéreo. Incluso la propia TSA indica en su sitio web que, si no se presenta identificación, el pasajero "aún podría ser autorizado a volar", aunque esto podría implicar procedimientos de inspección más intrusivos.
El núcleo del argumento legal reside en la Ley REAL ID de 2005, que solo estipula qué documentos son aceptables donde la identificación ya es requerida, pero no impone un requisito de identificación donde antes no existía para los pasajeros aéreos. Además, la imposición de preguntas de verificación de identidad y la nueva tarifa no han pasado por el proceso de aprobación regulatoria requerido.
Hasbrouck explica que la recolección de información por parte de agencias federales, como la que implica la verificación de identidad sin un documento válido, debe estar aprobada por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) bajo la Ley de Reducción de Papeleo (PRA). Sin un número de Control OMB válido, la exigencia de pago o la provisión de información adicional es técnicamente inaplicable.
Los intentos previos de desafiar estas políticas en tribunales han encontrado obstáculos significativos, a menudo debido a la política de la TSA de permitir el vuelo a cambio de un registro corporal intensivo o por la "inmunidad calificada" de los agentes ante demandas por arrestos indebidos. Un caso documentado resultó en que un pasajero enfrentara 34.000 dólares en gastos legales.
La presión para la adopción de REAL ID busca que los estados carguen sus datos de licencias de conducir a una base de datos nacional, una medida que ha generado resistencia en algunos estados, como Oklahoma, cuyos legisladores han impugnado la transferencia de datos ante su tribunal supremo.
La capacidad de ejercer el derecho a volar sin identificación, sin pagar la tarifa o sin responder preguntas es, legalmente, clara según la legislación vigente. No obstante, la ejecución práctica de este derecho se complica por las tácticas de disuasión y las barreras legales que enfrenta el ciudadano común.
