Una ola de iniciativas políticas, impulsada por el descontento ante el aumento de las facturas inmobiliarias, está ganando tracción en varios estados de Estados Unidos: la eliminación total del impuesto a la propiedad para los propietarios de viviendas. Este movimiento, liderado por figuras conservadoras, busca aliviar la carga financiera de los ciudadanos, pero amenaza con desfinanciar servicios públicos esenciales, forzando un replanteamiento estructural de la recaudación fiscal local.
En Georgia, la Cámara de Representantes presentó un plan complejo para desmantelar progresivamente los impuestos a la propiedad residencial para 2032, proponiendo compensar los miles de millones perdidos mediante un aumento en los impuestos a las ventas. De manera similar, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha manifestado su objetivo de eliminar los impuestos no relacionados con la escuela para los propietarios en una década, mientras que en Texas, el gobernador Greg Abbott busca suprimir los impuestos destinados a la financiación escolar.
El argumento central de los defensores de estas medidas, como el presidente de la Cámara de Georgia, Jon Burns, es que la existencia de este gravamen impide la verdadera propiedad, ya que el impago puede resultar en la confiscación del hogar. Este sentimiento resuena entre votantes, especialmente jubilados con ingresos fijos, quienes ven cómo sus obligaciones fiscales anuales se disparan con la revalorización de sus activos.
No obstante, la viabilidad económica de estas propuestas es el principal punto de fricción. Expertos como Adam Langley, del Lincoln Institute of Land Policy, advierten que la eliminación completa es "muy difícil y poco deseable" en la mayoría de las jurisdicciones. Los gobiernos locales y los distritos escolares dependen de estos fondos para operaciones diarias, y la sustitución por impuestos al consumo no siempre garantiza una cobertura equivalente, especialmente dadas las limitaciones regulatorias existentes sobre las tasas de ventas.
Un caso atípico es Dakota del Norte, que utiliza sus sustanciales ingresos provenientes de los impuestos petroleros para subsidiar gradualmente la eliminación de estos gravámenes. Este modelo, basado en un fondo de ahorro estatal robusto, es difícilmente replicable en estados sin recursos naturales comparables, como Georgia o Texas, donde las soluciones propuestas dependen de reestructuraciones fiscales complejas o de la voluntad política para aumentar otros impuestos.
Estos esfuerzos electorales se suman a posibles iniciativas de votación en estados como Oklahoma y Ohio, reflejando una "era de revuelta contra el impuesto a la propiedad" que recuerda a movimientos históricos como la Proposición 13 de California en 1978, que limitó las tasas impositivas. La tensión radica en si los recortes de gastos serán suficientes o si se requerirán nuevas fuentes de ingresos para mantener la calidad de los servicios públicos.
El debate se centra ahora en la capacidad de los legisladores para negociar un equilibrio entre el alivio fiscal prometido a los electores y la sostenibilidad financiera de las estructuras gubernamentales locales. La implementación de estos cambios, especialmente aquellos que requieren enmiendas constitucionales, dependerá de complejas alianzas bipartidistas y de la aprobación final de los votantes en las urnas.
Fuente: Adaptado de Associated Press (AP).
