El Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfoca su escrutinio en personas físicas y fideicomisos que ofrecen habitualmente mutuos, préstamos o créditos sin ser entidades financieras reguladas, según reportó expansión.mx. Esta supervisión busca mitigar el riesgo de que dichas operaciones se utilicen para introducir recursos de procedencia ilícita en la economía nacional.
La autoridad fiscal cataloga el otorgamiento profesional de estos financiamientos, distinto a los realizados por bancos o SOFOMES, como una Actividad Vulnerable. Quienes incurren en esta práctica deben inscribirse ante el SAT en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) bajo el rubro “MUTUO, PRÉSTAMOS O CRÉDITOS”.
Además del registro obligatorio, los prestamistas no bancarios deben emitir reportes periódicos a la autoridad sobre sus operaciones. Se requiere un aviso especial cuando una transacción individual alcance o supere el monto equivalente a 1,605 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Para 2026, considerando que la UMA asciende a 117.31 pesos, el umbral para este aviso especial se establece en 188,282.5 pesos. El incumplimiento de estas obligaciones expone a los prestamistas a sanciones administrativas por parte del fisco mexicano.
Aunque la carga regulatoria recae en quien otorga el crédito, esta vigilancia impacta directamente a los solicitantes. El SAT exige a estos prestamistas identificar y conocer cabalmente a sus clientes mediante documentos oficiales y métodos de reconocimiento.
En el caso de personas morales o fideicomisos que solicitan financiamiento, se requiere recabar la documentación del beneficiario controlador o del representante legal correspondiente. Esta diligencia busca establecer una trazabilidad clara de los fondos.
Los intermediarios financieros no regulados están obligados a crear y conservar expedientes únicos por cada cliente durante un mínimo de diez años, además de generar constancias que certifiquen la realización de la operación. Estos procedimientos replican las exigencias de debida diligencia aplicadas en el sistema bancario formal.
Esta ampliación de la vigilancia sobre préstamos privados subraya el esfuerzo continuo del SAT por verificar la procedencia de los recursos en segmentos menos transparentes del mercado crediticio mexicano, afectando potencialmente las dinámicas de financiamiento alternativo.
